Fase 2.2: El centro territorial de los servicios cívico-institucionales

Se eligen los centros, allí se concentran los servicios que hoy existen en diez copias más pequeñas, y junto con los servicios se trasladan los poderes.

Quién decide. Las competencias que hoy pertenecen a los municipios individuales pasan al ejecutivo de la Unión, elegido con el mismo sistema proporcional ya en uso en las ciudades. Cada municipio mantiene su propio ejecutivo interno, proporcional a sus habitantes, con un presupuesto para las obras de primera necesidad y la intervención inmediata: ningún pueblo queda sin alguien que responda de lo que sucede en su casa.

Qué se concentra. Policía urbana y fuerzas del orden; oficinas judiciales de proximidad; transportes urbanos; escuelas; servicios socio-sanitarios; limpieza urbana, eliminación de residuos y depuradoras; centrales energéticas y fuentes renovables; planificación urbanística. Hoy cada una de estas cosas existe diez veces y ninguna vez por completo.

Por qué es la parte difícil. Este paso pide a quien administra hoy que renuncie a algo, y es la razón por la que planes como este suelen detenerse aquí. Pero también es el único punto en el que el ahorro es real: no se recortan servicios, se deja de pagar diez versiones incompletas para tener una que funcione.

En un punto, el tiempo ya ha dado la razón al plan: las comunidades energéticas renovables, que desde 2021 la ley italiana permite constituir, son exactamente el «núcleo energético» de área que se imaginaba aquí: una unión de municipios que produce y comparte su propia energía. En 2009 era una propuesta, hoy es una herramienta que existe.

Una distinción que el plan de 2009 no hacía, y que es necesaria. No todos estos entes son lo mismo. Uniones, ARO, Ámbitos sociales y GAL son expresión de los municipios: nacen desde abajo, y a ellos se pueden transferir las competencias. Las ASL, por otro lado, gestionan la sanidad territorial en nombre de la Región: el poder ya lo tienen por ley, y los distritos socio-sanitarios son una articulación de ellos, no un ente de los alcaldes.

La diferencia cambia una solicitud del plan. Aquí arriba los «servicios socio-sanitarios» están enumerados entre los que se deben llevar a la Unión: esos no son competencia municipal, y pedir su transferencia hace perder credibilidad ante quien administra. La palabra correcta no es transferencia, es coordinación: una Unión que organiza el transporte y decide dónde concentrar los servicios debe sentarse con la ASL que decide dónde están los ambulatorios, de lo contrario se construye una red que lleva a las personas donde la sanidad no está.

Y la coordinación no es un recurso: al otro lado de la mesa hay quien está haciendo lo mismo. El decreto de 2022 sobre la asistencia territorial ha rediseñado la sanidad de proximidad alrededor de las Casas de la Comunidad: puestos abiertos todos los días, donde los servicios socio-sanitarios de un área están en un solo lugar, con los Hospitales de Comunidad, las centrales operativas y el enfermero de comunidad. Más de mil trescientas Casas están financiadas por el PNRR.

El modelo es hub y spoke: una Casa principal, completa, y articulaciones más pequeñas en los centros menores. Es decir: se concentra donde tiene sentido concentrar, y se queda cerca donde es necesario estar cerca. Es el diseño de este capítulo, escrito trece años después, desde otro lugar, para otro sector.

Y hay un número. La Casa de la Comunidad principal está prevista una por cada cuarenta mil-cincuenta mil habitantes. El plan de 2009 indicaba para las Uniones veinticinco mil-cuarenta mil. Ninguno de los dos ha copiado al otro: es el tamaño al que un servicio serio comienza a sostenerse, y dos razonamientos independientes han llegado allí.

Por lo tanto, la solicitud correcta no es «den la sanidad a la Unión»: es que la Unión y la ASL diseñen sobre el mismo mapa. Si la Casa de la Comunidad nace donde no llega el transporte público, o si la red lleva a las personas donde el presidio no existe, se gastan dos veces el dinero para no resolver nada.

En un servicio, mientras tanto, ya ha sucedido de verdad. La recogida de residuos es competencia comunal, y la Puglia ha impuesto a los comunes que la organicen por Ámbitos de Recogida Óptima: no más cada pueblo con su propio contrato, sino un servicio único de área, con una sola subasta y un solo interlocutor. Es la transferencia que este capítulo solicita, hecha por ley regional, sobre una sola materia.

Y un ámbito ha ido más allá: el ARO 7 de la provincia de Lecce se está dotando de una empresa pública propia en lugar de contratar a una empresa externa. Es decir, la segunda mitad de lo que escribíamos aquí: el servicio no se hace solo juntos, permanece en el territorio, con sus medios, sus empleados y las ganancias que no salen. Nadie lo llamó «el plan de 2009», pero el camino es ese, y demuestra que sobre una competencia a la vez la cosa ya es posible con las leyes que hay.